En la semana del 20 de febrero de 2013, la corte suprema de Puerto Rico negó los derechos de adopción de una mujer lesbiana sobre la hija que había criado junto a otra mujer (Ref.). Mientras tanto en la Corte Suprema de Alemania, la Corte Europea de Derechos Humanos, y la Corte Suprema de Kansas, han decidido validar los derechos paterno filiares de las parejas del mismo sexo.
Si bien se puede argumentar que la ley y su interpretación contienen un valor cultural porque tienen que responder a su contexto, negar derechos a ciudadanos a quienes se les exige cumplimiento tributario en igual condiciones, nunca puede ser justificado.
A nuestro entender la situación de la corte suprema de Puerto Rico y sus decisiones es consecuencia de la politiquería imperante en la rama judicial. Como comentásemos en un artículo anterior (Ref.), son los gobernadores quienes nominan a los jueces, siendo estos confirmados por la legislatura. Cuando gobernadores irresponsables nombran políticos o abogados con dudosa formación para posiciones de jueces como premios políticos o buscando adelantar agendas ideológicas, pierde el sistema judicial, pierde la justicia misma, y pierde el pueblo que espera decisiones sabias y justas de sus jueces.
Vivimos entonces un déficit de justicia, justificado por jueces politiqueros incapaces de separar su ideología política y visión de mundo de el manejo de los casos ante su atención. Cuando cortes en otras jurisdicciones llegan a conclusiones diametralmente opuestas a las de la corte local evidencian cuan patética es nuestra corte suprema y que poca formación jurídica pueden tener estos jueces politiqueros de reciente nombramiento.
(el que hayamos escrito el nombre de la corte suprema de PR en minúscula y la de los otros países en mayúsculas no es un error ortográfico, señala nuestra ausencia de respeto por la corte local en base a sus determinaciones)
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